Centros de datos y red eléctrica: Irlanda y España, y quién paga el coste
Respuesta rápida
Respuesta rápida: Irlanda ya sufre el efecto de concentrar centros de datos: según su oficina estadística, el 23 % de la electricidad medida en 2025 (7.663 GWh) fue para ellos, frente al 5 % de 2015. Su regulador respondió exigiendo a los nuevos centros generación o almacenamiento propio o cercano y al menos un 80 % de electricidad de nuevos proyectos renovables. España, con más de 12 GW de derechos de acceso concedidos desde 2021, propone un decreto con una lógica parecida pero con un criterio horario.
| Irlanda | España (proyecto) | |
|---|---|---|
| Dato de partida | 23 % de la electricidad medida en 2025 (7.663 GWh; +10 % respecto a 2024) | Más de 12 GW de derechos de acceso y conexión concedidos desde 2021 |
| Instrumento | Política de conexión del regulador (CRU), 12-12-2025 | Proyecto de real decreto en audiencia pública (27-08-2026) |
| Exigencia renovable | Al menos 80 % anual de nuevos proyectos renovables en Irlanda | Al menos 80 % hora a hora, con renovable adicional |
| Estado | Política publicada | Proyecto: no consta aquí si se ha aprobado |
Irlanda: el peso de los centros de datos en la red
La oficina estadística de Irlanda (CSO) informa de que los centros de datos consumieron 7.663 GWh en 2025, un 10 % más que los 6.973 GWh de 2024, y representaron el 23 % de la electricidad medida del país, frente al 5 % de 2015. Para comparar: el consumo residencial total, urbano y rural, supuso el 28 %.
El regulador irlandés (CRU) publicó el 12 de diciembre de 2025 su decisión sobre la política de conexión de centros de datos a la red eléctrica. Los nuevos centros deben aportar generación o almacenamiento, en el propio emplazamiento o próximo, equivalente a su demanda máxima de importación, y participar en el mercado mayorista. Además, al menos el 80 % de su electricidad anual debe proceder de nuevos proyectos renovables desarrollados en Irlanda; la electricidad renovable ya contratada no cuenta. Se da un plazo de seis años para desarrollar esos proyectos. Los gestores de red debían publicar sus procedimientos antes del 31 de marzo de 2026.
España: potencia concedida, no consumo
El Ministerio para la Transición Ecológica informó el 27 de agosto de 2026 de que se habían otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red a centros de datos desde 2021. La Estrategia de IA española estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica; los permisos concedidos superan varias veces ese objetivo.
Un derecho de acceso no es una instalación construida ni una lectura de contador. Aun así, conviene dimensionar. A modo de aritmética ilustrativa (un techo teórico, no una estimación): 1 GW funcionando sin parar todo el año equivale a unos 8,76 TWh. Los 3,5-4 GW de la estrategia darían entre 31 y 35 TWh, y los 12 GW de derechos concedidos, unos 105 TWh. Compárese con los 256 TWh de demanda eléctrica española de 2025: el primer caso es una proporción apreciable; el segundo, enorme. Nadie espera que todo se construya ni que funcione a plena carga permanente, pero explica por qué el regulador quiere condicionar el acceso.
El proyecto español: qué propone
El proyecto de real decreto, en audiencia pública por urgencia hasta el 4 de septiembre de 2026, propone, según la nota del Ministerio, lo siguiente para instalaciones de más de 1 MW:
| Medida propuesta | Detalle |
|---|---|
| Eficiencia energética e hídrica | Exigir el mayor nivel (categoría A) del etiquetado europeo previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, cuya entrada en vigor se prevé para agosto de 2027; hasta entonces, esos mismos niveles |
| Energía renovable | Al menos el 80 % del consumo, hasta que la renovable supere el 90 % del mix |
| Adicionalidad | Cada nuevo megavatio consumido debe acompañarse de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores |
| Correlación horaria | En cada hora, al menos el 80 % de la electricidad consumida debe ser renovable generada esa misma hora |
| Incumplimiento | Penalizaciones crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, pérdida del derecho de acceso |
| Transparencia | Centros de más de 500 kW deben remitir datos de eficiencia y sostenibilidad para su publicación anual; los de más de 1 MW, además, informar sobre buenas prácticas |
Es un proyecto: su texto final puede cambiar y, al redactar esta guía, no se ha comprobado su aprobación.
La pregunta ética: ¿quién paga?
El propio Ministerio formula el riesgo: si la demanda crece sin que lo haga la generación renovable, puede aumentar el uso de gas natural para producir electricidad y, con él, el coste eléctrico para el conjunto de los consumidores. Ese es un caso claro de externalidad: quien toma la decisión de instalar un centro y quien paga una eventual subida no son los mismos.
- Costes para la red. Reforzar líneas y subestaciones se financia, en parte, con cargos y peajes que pagan todos los consumidores. El proyecto español prevé recargos que compensen el sobrecoste del incumplimiento.
- Costes locales. Agua, suelo y ruido recaen en el territorio donde se ubican, mientras los beneficios de los servicios de IA se reparten globalmente.
- Beneficios. Empleo, soberanía de datos y actividad económica también existen y son parte del debate, aunque su magnitud depende de cada proyecto.
No hay una respuesta técnica única: son decisiones de política pública que equilibran valores. Lo que sí se exige a un buen debate es dar cifras con fuente y distinguir derechos concedidos, instalaciones y consumo real.
Qué preguntar si eres usuario, empresa o ayuntamiento
- ¿Dónde se ejecuta mi carga y qué contrato eléctrico tiene ese centro?
- ¿La energía renovable es adicional o ya existía, y se acredita por horas o por años?
- ¿Publica indicadores de eficiencia energética e hídrica y desde qué potencia está obligado a hacerlo?
- ¿Qué parte del coste de conexión asume el operador y cuál se traslada a los demás consumidores?
- ¿Cuál es el estado administrativo del proyecto (concedido, en trámite, construido)?
Para una escuela o un ayuntamiento, estas preguntas sirven de guion al informar a la ciudadanía. Evita titulares absolutos: con las fuentes citadas, ni se puede afirmar que la IA «colapsará» la red ni que no tenga impacto.
Fuentes consultadas y revisión
Revisado: 2026-10-13. Documentos abiertos y leídos para esta guía:
- CSO (Irlanda), «Data Centres Metered Electricity Consumption 2025, Key Findings»: https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-dcmec/datacentresmeteredelectricityconsumption2025/keyfindings/
- CRU (Irlanda), decisión sobre la política de conexión de centros de datos (12 de diciembre de 2025): https://www.cru.ie/about-us/news/the-cru-publishes-its-decision-on-new-electricity-connection-policy-for-data-centres/
- MITECO, nota de prensa «El Gobierno plantea impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos» (27 de agosto de 2026): https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/prensa/20260827_NdP_El_Gobierno_plantea_impulsar_los_centros_de_datos_sostenibles.pdf
- Red Eléctrica, nota de prensa de 11 de marzo de 2026 (demanda 2025).
La página del CSO consultada no deja clara la fecha exacta de publicación. El proyecto español puede haber cambiado desde la audiencia pública. Esta guía es informativa y no constituye asesoramiento legal.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de la electricidad usan los centros de datos en Irlanda?
Según la oficina estadística irlandesa, el 23 % de la electricidad medida en 2025 (7.663 GWh), frente al 5 % de 2015. Es un caso extremo por la concentración de centros; no es extrapolable a otros países.
¿Están ya obligados los centros de datos españoles a usar energía renovable adicional?
No, según lo consultado: es un proyecto de real decreto que estuvo en audiencia pública hasta el 4 de septiembre de 2026. Comprueba si se ha aprobado y con qué cambios antes de citarlo como norma.
¿Son 12 GW lo que consumen los centros de datos en España?
No. Son derechos de acceso y conexión concedidos desde 2021, no instalaciones construidas ni consumo real. La potencia concedida es un techo administrativo, no una medida de energía.
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